El Ministerio del Interior se niega a pagar las recompensas a los informantes que ayudaron a capturar a dos de los delincuentes que figuraban en la lista de «Los más buscados». Así lo demuestran documentos policiales y de la Comisión Evaluadora de Recompensas del Ministerio del Interior a los que EL FOCO tuvo acceso.
El primer caso corresponde al colaborador con la clave «LOSANDES4MVA», quien el 2 de junio de 2026 entregó a la Policía la ubicación exacta de Adolfo Mattos Vinces, un general PNP buscado por corrupción y fraude. Por información que lleve a su paradero de Mattos, el Mininter ofrecía 80 mil soles.
Mattos había pasado a la clandestinidad luego que se descubriera que, como director de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP), estafó con S/ 100 millones a más de 8 mil efectivos que habían hecho aportes.
Durante varias semanas el informante realizó la vigilancia desde el balcón de una casa y registró cómo operaba Mattos para evadir a la Policía. Mattos, quien se refugiaba en una vivienda de La Molina, no salía seguido a la calle, usaba gorro y lentes oscuros para ocultar su rostro y, como padecía una diabetes severa, recibía a un médico a escondidas.
El colaborador reportó, además, a la Policía que la familia planeaba moverlo a Cieneguilla tras la segunda vuelta presidencial y dio la ubicación exacta de la vivienda que fue usada como escondite. Con toda la información que dio «LOSANDES4MVA», la Policía arrestó a Mattos el 10 de junio último.
Pero cuando el informante pidió el dinero de la recompensa, el Ministerio del Interior rechazó el pago excusándose en pequeños detalles. Señalaron que el informante no consignó la manzana y lote exacto de la casa donde estaba escondido Mattos.
Además, dijeron que no entregó un documento firmado de su puño y letra para «probar» su identidad. La ley, sin embargo, obliga a proteger en estricta reserva el anonimato de los informantes.
El esquema se repitió en el expediente del colaborador con clave «LAPURLA05MOI», quien entregó información para que el último 9 de julio fuera detenido en el caserío Pampa la Purla (Cajamarca) Isidoro Moreno Ocas, un agricultor buscado por secuestro por quien el Ministerio del Interior ofrecía S/ 15 mil .
Pese a que un oficio de la propia Policía confirmó que el dato del ciudadano permitió ubicar a Moreno, la Comisión Evaluadora de Recompensas se negó a hacerle el pago. Alegaron que la información no fue la «causa única» del arresto, escudándose en que la Policía ya realizaba un seguimiento paralelo al prófugo.
Consultado por EL FOCO, el comandante PNP (r) Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, contó que la Comisión Evaluadora de Recompensas frena los pagos a los informantes porque quieren hacer pasar el logro como si fuera de la Policía.
Recurrir a esa figura permite a los agentes policiales acceder a fondos internos de la institución de hasta 10 mil soles que pueden ser pasados como «gastos operativos».
Rivadeneyra recordó el problema que se armó con la captura en Paraguay del criminal Erick Moreno Hernández, alias «El Monstruo». En dicho operativo, la recompensa de S/ 500,000 fijada por el Estado no llegó a entregarse bajo el pretexto de que la detención respondió estrictamente a un despliegue de inteligencia policial y no al aporte determinante de una fuente externa.
«A mí me han matado a dos informantes. Dar información sobre prófugos es un riesgo tremendo. Con estos pretextos y vacíos para no pagar, el sistema perdió toda confiabilidad y la gente ya lo piensa mil veces antes de denunciar porque ahí se juegan la vida», anotó Rivadeneyra.
EL FOCO buscó la versión del Ministerio del Interior vía la oficina de Prensa. Dijeron que tanto el Programa de Recompensas como la Comisión Evaluadora de Recompensas están en reestructuración. No dieron detalles sobre el destino del dinero que no fue pagado a los informantes.