Desde el 8 de febrero, día en que asumió el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea ha firmado 44 nuevos nombramientos. EL FOCO revisó el pasado de las personas que Zea ha colocado en puestos claves dentro de la institución y encontró a personas investigadas por corrupción, con denuncias policiales y deudas coactivas.
El nombre que encabeza la lista es Felicísimo Antúnez Antúnez, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Antúnez no es un rostro nuevo en la política peruana: en el 2020 postuló al Congreso por la región Áncash con el partido Vamos Perú, del hoy recluido alcalde Juan Sotomayor. Antúnez, antes de ser viceministro, se desempeñaba como asesor principal en el despacho congresal de Óscar Zea.
En 2017, la prensa de Áncash reportó que el ahora viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar fue denunciado ante el Ministerio Público por apropiación ilícita y fraude, por presuntamente haberse apropiado de más de S/ 97 mil soles del Fondo Magistral Social (FOSMAG), de la cual Antúnez era el gerente general. Dos años después, en junio de 2019, Antúnez fue denunciado en la comisaría de Carhuaz, en Huaraz, por ejercer ilegalmente su profesión, según un parte policial al que accedió EL FOCO.
En ese momento, el viceministro Antúnez trabajaba en la gerencia de desarrollo territorial de la Municipalidad de Carhuaz y fue denunciado por el ciudadano Paul Salazar Castillo. Según el parte policial, Salazar presentó como pruebas sanciones administrativas impuestas contra Antúnez por el municipio y un pantallazo de la página del Colegios de Ingenieros del Perú donde figuraba como inhabilitado.
Otro caso es el de Paul Jaimes Blanco, secretario general del Midagri. En agosto de 2010, Jaimes fue denunciado en la comisaría del Rímac por su hermana por agresión física y verbalmente en la vía pública. Jaimes también fue denunciado por Hilda Graciela Angulo, luego de que la amenazara con un arma de fuego, en diciembre de 2016.
A la lista se suma Ítalo Díaz Horna, asesor de alta dirección del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria desde el 15 de febrero. En el 2018, Díaz tenía una denuncia en el Ministerio Público por lavado de activos en perjuicio del Estado, y era investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos. Precisamente, en agosto de ese año, la policía intervino como parte de las investigaciones un inmueble a nombre de Díaz Horna en San Miguel.
No es el único escándalo en el que se vio envuelto el asesor Ítalo Díaz. Según informó el diario «La República», las declaraciones de colaboradores eficaces del caso Club de la Construcción incluyeron a Díaz Horna en el esquema de corrupción que operaba en el MTC para direccionar las licitaciones, cuando era jefe de la Dirección de Gestión Ambiental en la entidad.
Edgar Sosa Rojas, director general de Gestión Territorial y director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur desde el 4 de marzo del Midagri, también está involucrado en escándalos. En febrero de 2018, su cuñada Luisa Oliva Sernaque lo denunció junto a su hermano Magno Sosa Rojas por agredirla física y psicológicamente, según se consignó en un acta policial levantada en la comisaría de Huamanga, Ayacucho.
Luisa Oliva había ido a la casa de Magno Sosa Rojas, en busca de su esposo pues, según indicó en el acta, le debía la pensión del colegio de su hijo. Al llegar, “fue agredida físicamente con golpes de puño, empujones en el pecho (…) y palabras soeces». Luisa Oliva también denunció que el funcionario Edgar Sosa la empujó «hasta hacerle caer de las escaleras».
En 2014, medios regionales de Ayacucho informaron que Edgar Sosa había sido denunciado ante la Fiscalía por el delito de falsificación de documentos, luego de presentar papeles adulterados para que su empresa Constructora Perú-Desarrollo pudiera contratar con las ugeles de los distritos ayacuchanos de Cangallo, La Mar y Huanta.
Roberto Puyó Valladares, el recién designado gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, tuvo una gestión cuestionada cuando trabajó como Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunedu. En 2018, autorizó la compra de servidores blade y licencias de virtualización de software a la empresa Goals S.A. Sin embargo, luego el órgano de control de la Sunedu determinó que los equipos adquiridos no cumplían con los requisitos mínimos y, además, la empresa había incumplido los plazos de entrega establecidos. Las decisiones de Puyó generaron un perjuicio a la institución de S/ 3.2 millones.
Edwin Rigoberto Coico Monroy, el nuevo director general de Políticas Agrarias desde el 4 de marzo, es un cuestionado exfuncionario del Ministerio de Cultura. En octubre del año pasado, cuando fue designado como director de la BNP, la Contraloría detectó que no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer el cargo, según un informe de EL FOCO.
Coico Monroy también fue designado como secretario general del Mincul durante la gestión de Ciro Gálvez. El tiempo que ocupó el cargo, medios periodísticos denunciaron que fue responsable de ocultar resoluciones, retrasar designaciones y favorecer a sus allegados en puestos claves del ministerio.
Coico Monroy, quien intentó sin éxito alcanzar una curul en las elecciones extraordinarias del 2020 por el partido Contigo, fue detenido en la madrugada del 20 de septiembre del 2019, mientras manejaba por la avenida Javier Prado en estado de ebriedad, según un parte policial al que accedió esta plataforma periodística.
Las perlas continúan. Julio Carcausto Ñaupa, designado el 28 de febrero director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca , es un médico veterinario que, según la página del Colegio de Veterinarios del Perú, está inhabilitado para ejercer su profesión. En la Sunat, Carcausto Ñaupa tiene acumula una deuda coactiva en perjuicio del tesoro público por S/ 19 594.
Juan Farias Barreto fue designado director ejecutivo del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. Farias es ingeniero agrónomo y ya ha trabajado antes en este órgano del Midagri. En 2019, fue el presidente del comité de selección y adjudicación y, durante su gestión, la Contraloría detectó irregularidades en la adquisición de fertilizantes y agroquímicos destinados al centro experimental del proyecto. El Consorcio Tumpis, el proveedor contratado, presentó documentación inexacta y no pudieron certificar que cumplieran los requisitos mínimos. Pese a ello, Farias les otorgó la buena pro, generando un perjuicio al Estado de S/ 108 mil, según la Contraloría.
No fue la única irregularidad en la que estuvo involucrado el flamante director del proyecto Puyango-Tumbes. Como jefe del centro experimental del proyecto, contrató al consorcio ESVIF para el mantenimiento del banco de cítricos, por S/ 128 mil. Sin embargo, nunca comunicó que la empresa contratada no realizó el servicio.
Mimyrle Dioses Morán, la nueva directora de la Oficina de Contabilidad, estuvo involucrada en tres cuestionados procesos administrativos de entidades públicas, según informes de la Contraloría. Uno de ellos fue el conocido caso «Richard Swing». En 2019, Dioses Morán se desempeñaba como Directora de la Oficina General de Administración del Mincul, e integró el grupo de funcionarios que elaboraron y aprobaron los términos de referencia para las órdenes de servicio irregulares giradas a nombre de Richard Cisneros. Gracias a ello, el cantante se benefició indebidamente por más de S/ 155 mil.
Además, cuando se desempeñó como Directora de Contabilidad de la Oficina general de Administración el MIMP, en 2017, Mimyrle Dioses no advirtió que la empresa Kristal SAC había incumplido con el contrato establecido. Un año después, en 2018, cuando era Directora de la Oficina de Contabilidad del Mincul, tampoco supervisó de manera efectiva la rendición de cuentas de los fondos de encargos con cuenta de revisión y fondos fijos para caja chica de la Dirección Desconcentrada de Cultura, en Ucayali.
Al cierre de este informe, el diario «Correo» también detectó a otros cinco altos funcionarios del Midagri con antecedentes cuestionables. Se trata de Ysmael Mayuri Quispe, director general de la Oficina de Administración del Instituto de Innovación Agraria, que recientemente fue citado en la Comisión de Fiscalización del Congreso por solicitar una lista de todo el personal que nació en Chota, Cajamarca, cuando trabajó en la Secretaría General del Despacho Presidencial. En la lista también aparece Luis Sirlopú Saavedra, asesor de alta dirección del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar, y Dioly Velásquez Manchego, Directora de Gestión de Inversiones de Infraestructura Hidráulica, quienes habían postulado sin éxito en procesos CAS del Midagri. En ambos casos, no ingresaron por no cumplir los requisitos mínimos, pero con la gestión de Zea lograron entrar al ministerio.
Rogelio Huamaní Carbajal, el flamante director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo, es un militante de Perú Libre que trabajó como Gerente de Desarrollo Económico en la segunda gestión de Vladimir Cerrón y se adhirió al Habeas Corpus para frenar la investigación contra los Dinámicos del Centro. Por último, en la lista de «Correo» está Remigia Montafur Chambilla, responsable de dar acceso a la información en la Dirección Zonal de Puno, que fue descalificada en un proceso de contratación con el Gobierno Regional de Puno por no contar con la experiencia requerida para el puesto.
EL FOCO intentó comunicarse con el área de Prensa del Midagri para recoger un comentario sobre las polémicas designaciones que ha hecho el ministro Zea. Sin embargo, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
Actualización:
El 6 abril, la autora del reportaje, Valeria Vicente, recibió en su domicilio una carta notarial del señor Roberto Puyó Valladares. EL FOCO cumple con publicar íntegramente el documento enviado:
Respuesta:
Sobre la carta enviada, es preciso señalar la información publicada en el reportaje sobre el señor Puyó se sustentó en un informe actual de la Contraloría del 2018 sobre su papel cuando era jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información en la SUNEDU. Aquí el extracto del documento:
En dicho informe, la Contraloría determinó que el señor Puyó Valladares tenía responsabilidad administrativa, junto a otros 8 funcionarios, en la contratación irregular de bienes y servicios informáticos, pues no informó que la empresa proveedora de servidores blade, GOALS S.A., incumplió con el contrato establecido con la entidad. Aquí el documento:
