El asedio a las empresas estatales no tiene cuándo parar. Esta vez el congresista por Acción Popular por la región Junín, sindicado por la lobista Karelim López como parte de “Los Niños”, Ilich López, podría ser el protagonista de un nuevo caso de conflicto de intereses.
López es presidente de una de las nueve comisiones investigadoras que ha creado el Congreso. El grupo de trabajo de López tiene el pomposo nombre de “Comisión investigadora multipartidaria respecto al cobro del concepto de cargo fijo en los recibos del servicio de electricidad en el periodo marzo, abril, mayo y junio de 2020”.
Más allá de extenso nombre, lo que busca investigar la comisión de Ilich es Distriluz, empresa pública que administra a su vez a otras cuatro compañías estales: Electrocentro, Electronorte, Hidroandina y Electronoreste. Distriluz es la empresa que se encarga de distribuir electricidad a 11 regiones. La comisión de López es una de las tantas que se han creado en el Congreso, pero hay un pequeño detalle en particular.
López, cuando aceptó la presidencia de la comisión, no contó que él había denunciado a Distriluz cuando aún no era congresista. Es decir, pasó de ser el denunciante a ser el presidente de la comisión que podría decidir el destino de la empresa.
Según documentos a los que accedió EL FOCO, en junio del 2020 Ilich López remitió una denuncia en contra del directorio de Distriluz al entonces congresista por Acción Popular Otto Guibovich. Según la carta, que luego fue trasladada a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, López señaló directamente a los miembros del directorio de Distriluz como responsables del delito de “negociación incompatible” por el contrato firmado con la empresa Power Solutions N.V. de origen belga en el año 2012.
Pero esa no fue la única denuncia formulada contra Distriluz que llegó al Congreso. El 8 de septiembre de 2021 el sindicato de la empresa Electrocentro, que opera en Junín y que es parte de Distriluz, le remite al ahora congresista López una denuncia muy similar: exigiendo “la desactivación del grupo empresarial DISTRILUZ”.
Dicha denuncia lleva las firmas de Corsino Huamán Poma, secretario regional, y de Roberto Yance Torre, secretario de defensa. Ocho días después de que llegue la carta del sindicato, el 16 de septiembre, se aprobó en el pleno del Congreso la creación de esta nueva comisión, cuyo plazo de investigación iba a ser por 120 días.
Las denuncias contra Distriluz no son lo único que tienen en común los sindicalistas con el congresista Ilich López. Huamán y Yance también registran afiliación partidaria a Acción Popular, partido al que pertenece el parlamentario, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.
Ambos sindicalistas también se han reunido con López en el Congreso desde la presentación de la denuncia y antes de la instalación de la mesa de trabajo del grupo de investigación. Además, en diciembre López contrató los servicios de la abogada Judith Barrios Delgado, esposa del ex jefe de Logística de Electrocentro, quien fue separado de la institución en diciembre de 2019.
“Estos elementos son suficientes para que se forme una investigación y que el congresista (Ilich López) vaya a la comisión de Ética y tenga una denuncia constitucional, que puede terminar en desafuero por incumplir el reglamento del Congreso”, explica Dante Seminario, experto en gestión parlamentaria consultado por EL FOCO.
Según Seminario, existiría un conflicto de intereses en que el congresista presida una comisión investigadora sobre un tema donde hay vínculos partidarios e intereses de parte de él desde antes que fuera parlamentario. “Se debió inhibir como congresista en presidir esa comisión, sin embargo, no lo hizo”, dice Seminario.
En comunicación con EL FOCO, el congresista López negó que hubiera algún interés o conflicto con su participación en la comisión que investiga el cargo fijo cobrado por Distriluz. “Que haya informado o no (que denunció al consorcio Distriluz) considero que es un tema que no es relevante”, dijo. El congresista reconoció a esta plataforma periodística que no informó al Congreso que antes, como ciudadano, había presentado una denuncia contra Distriluz.
Sobre las reuniones que sostuvo con los miembros del sindicato de Electrocentro, señaló que se reúne con distintos miembros involucrados con las empresas que son investigadas. También sostuvo que no se descarta el cambio completo del directorio de Distriluz. “Todo se puede plantear en la comisión”, señaló.
El último 12 de mayo se aprobó la ampliación por 180 días del plazo de la comisión presidida por Ilich López para presentar su informe final. Mientras tanto, la comisión de Ética del Congreso continúa recopilando información antes de proponer al pleno la investigación individual de los congresistas involucrados en el caso de “Los Niños”. Seguimos a la espera.