La Federación Internacional por los Derechos Humanos, que agrupa a 188 ONG con sedes en 116 países, ha elaborado un informe titulado “Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos”. La presentación del documento será mañana jueves 13. EL FOCO accedió en exclusiva a un adelanto del texto que denuncia la actual crisis política peruana iniciada por el enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo desde el 2016.
La FIDH concluye que “existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el Gobierno de Boluarte”, y que la represión contra las movilizaciones sociales a principios de este año, que dejaron más de 60 muertos, “no puede quedar impune”.
Uno de los puntos más destacados del informe de la FIDH es la denuncia de las acciones que promovió el Congreso para copar otros poderes del Estado. Entre ellas están la captura del Tribunal Constitucional, el acoso sistemático al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y el nombramiento del defensor del Pueblo, Josué Gutierrez.
La FIDH, además, señala que hubo «graves violaciones de derechos humanos» cometidos en el gobierno de Dina Boluarte y una estigmatización contra las protestas nacionales. Se identificaron como los lugares que protagonizaron “hechos de violencia y represión desproporcionada” las masacres de Andahuaylas, Ayacucho y Puno, siendo la última “la peor masacre registrada”.
El informe empieza resumiendo los momentos más importantes que han ahondado la crisis peruana desde el fin de las elecciones generales de 2016, como la negativa de Keiko Fujimori de reconocer el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en ese año, el destape del caso Odebrecht, la negativa de sectores ultraconservadores de reconocer los resultados de las presidenciales del 2021, la improvisación del gobierno de Pedro Castillo y su eventual intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La FIDH también enumera “graves restricciones al control político” que consolidan un “autoritarismo parlamentario”, como son la limitación de la cuestión de confianza, la anulación del derecho ciudadano al referéndum, el restablecimiento de la bicameralidad como una reelección camuflada y la aprobación por ley de la continuidad de los altos mandos militares.
Otras iniciativas “antiderechos” que preocupan a la FIDH son las del cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la ilegalización del aborto terapéutico, la restricción a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, la modificación de la ley de tercerización laboral, y la intención de que el Perú se retire del Sistema Inteamericano de Derechos Humanos.
“Esta nota realizada con nuestras 3 organizaciones de derechos humanos en el Perú, busca resaltar algunos elementos claves para el análisis de la grave crisis social y política que atraviesa el país y alertar sobre el avance de un proyecto político e ideológico conservador y autoritario, liderado por una mayoría en el Congreso que busca instalarse como máximo poder en el país”, señaló a EL FOCO Natalia Yaya, directora adjunta de la Oficina de las Américas de la FIDH.
“Hoy nos preocupa, la seguridad del Magistrado Jorge Salas, presidente de la Junta Nacional Electoral, quien, al haber avalado la legalidad de las elecciones de 2021, se convirtió en blanco de la oposición que ahora quiere su destitución a toda costa y así poder nombrar alguien afín a sus intereses, como lo han venido haciendo en otras instituciones”, apunta Gloria Cano, secretaria general de la FIDH y directora de Aprodeh-Perú.
La FIDH insta al Gobierno Peruano a dar curso a la demanda del adelanto de las elecciones generales, garantizar la autonomía e independencia de todos los poderes del Estado y garantizar las condiciones para el libre ejercicio del derecho a la protesta social. Además llama a la comunidad internacional a establecer mecanismos de seguimiento a la crisis política y condicionar los acuerdos comerciales con el Perú al respeto de garantías democráticas, en particular su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).