Coautora: Fabiola Granda
El 10 de febrero del 2023, la entonces nueva gestión a cargo de la Municipalidad de Lima decidió realizar un operativo contra la trata de personas en el Centro de Lima, en un cuadrante entre las avenidas Alfonso Ugarte, Zepita y Peñaloza. En esas calles decenas de mujeres ofrecen sexo a cambio de dinero. La mayoría son migrantes venezolanas, muy jóvenes. Todos los días, desde la 1 de la tarde, se paran por unas 12 horas afuera de los hostales de la avenida que actúan como prostíbulos.
En el Perú, la prostitución no es ilegal, pero no está regulada. El proxenetismo y la explotación sexual sí son delitos. Las autoridades confunden muchas veces la ilegalidad y terminan persiguiendo a quienes ejercen la prostitución, según reporta un diagnóstico de enero último de la situación de trabajadoras sexuales migrantes en Lima, publicada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El operativo de febrero del año pasado no detuvo los casos de explotación sexual y extorsión en la zona. A las pocas semanas los locales volvieron a abrir y vino una disputa territorial con mujeres trans trabajadoras sexuales, que estaban en los jirones Zepita y Peñaloza.
Ruby Torres y Priscila Aguado
“Al principio, en el 2022, empezó un grupo que se hacía llamar Los Gallegos pidiendo cupos por estar en la zona”, cuenta Sheyla Palma, mujer trans trabajadora sexual del Centro de Lima y líder comunitaria. Como el número del que recibían los mensajes venía de la cárcel, las mujeres trans decidieron ignorar las amenazas.
Inmediatamente después del operativo de la Municipalidad de Lima, hubo una discusión entre las mujeres migrantes y las mujeres trans por la zona donde ofrecían sus servicios sexuales. Las mujeres trans no permitieron que se establecieran en su zona.
En la noche del 12 de febrero, dos personas en un auto, simulando ser clientes, recogieron a Ruby Torres y Priscila Aguado, ambas mujeres trans trabajadoras sexuales. Torres, de 31 años, era migrante de Iquitos. Aguado, de 30, era del Callao. A la mañana siguiente, Sheyla y otras mujeres trans de la zona recibieron un video por WhatsApp. Era Ruby siendo grabada por alguien que en la otra mano tenía un arma semiautomática.
“Te bajas a tiros de esa maldita plaza”, le dijo antes de disparar 30 veces. El cuerpo de Torres fue abandonado en Carabayllo. “Recibo el de Ruby y a los diez minutos recibo el de Priscila. Dos compañeras al mismo tiempo”, dice Palma. Priscila había sido asesinada unas horas antes y su cuerpo fue abandonado en San Juan de Miraflores.
Explotación sexual
En los últimos años, el crimen organizado, principalmente de mafias asociadas al Tren de Aragua de Venezuela, han encontrado una fuente de ingresos en las trabajadoras sexuales. Son alrededor de 50 a 60 zonas de prostitución en Lima —llamadas “plazas”— donde las mafias extorsionan a quienes ejercen el trabajo sexual, según reporta la Policía.
“Mujeres, niñas y adolescentes a las que ni siquiera las tienen que llevar obligadas. Sino que, por la situación, tratan de salir de Venezuela y ellos le pagan el viaje, pero les ponen como condición trabajar para ellos como prostitutas”, dice Ronna Risquez, periodista y autora de un libro sobre el Tren de Aragua. “Al no tener ningún tipo de ayuda o protección, muchas mujeres caen en esa transacción”.
Con más de un millón de personas, Lima es la ciudad con el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, según las Naciones Unidas. La mitad son mujeres y la mayoría vive en condiciones precarias.
“Todo eso estaba anunciado y nadie hizo nada”, dice Ángela Villón, directora de la Asociación Miluska Vida y Dignidad que trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales desde hace 20 años, sobre la violencia y extorsión desatada en la zona.
Respuesta
Los asesinatos de Ruby Torres y Priscila Aguado marcaron un antes y un después para las mujeres trans trabajadoras sexuales. A los dos días de los asesinatos, un grupo de 50 personas, la mayoría mujeres trans, realizó un plantón frente a la Comisaría de Alfonso Ugarte y a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri), ubicadas a pocas cuadras donde ocurrieron los secuestros.
Una comisión, integrada por Ángela Villón; Leyla Huertas, de la organización de mujeres trans Féminas Perú; y Gianna Camacho, periodista y activista trans; ingresaron a la Dirincri para preguntar sobre las investigaciones. “Cuando empezamos a conversar, ellos mismos se dieron cuenta que no solo era ir por los asesinos como tal, sino que era algo más grande”, dice Gianna Camacho. “Es ahí donde involucran a la dirección de trata de personas”,
A la semana siguiente, hubo otra marcha, esta vez más numerosa.
La respuesta de la policía hasta hoy ha sido paradójica. En los últimos meses se han desarticulado algunas bandas, lo que ha provocado que disminuyan las extorsiones. Pero, al mismo tiempo, policías y personal de Serenazgo ejerce violencia contra las trabajadoras sexuales con detenciones arbitrarias, amenazas de deportación a migrantes e incluso violencia física y sexual, según especifica el informe de la OIM.
En marzo del 2023, la policía capturó a Andreína Reyes (19 años), sindicada como autora intelectual de los asesinatos de Torres y Aguado, y a Jackson Saenz, chofer del auto en el que fueron secuestradas. Daiverson Rodríguez, quien, según la Policía, hizo los disparos y está prófugo en Colombia.
Inacción de las instituciones
“La presencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en todo este proceso ha sido nula”, dice Gianna Camacho. Como limitante, el programa Aurora del Ministerio se enfoca en la violencia en el entorno familiar y no incluye la problemática de la extorsión y la violencia contra trabajadoras sexuales en la vía pública. “Nos mandaban a la mesa de violencia contra la mujer donde las mismas mujeres que integraban la mesa nos miraban como diciendo, qué cosa hacen ellas acá”, dice Ángela Villón.
En diciembre del 2022, y a raíz de la creciente violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estableció la “Mesa de Trabajo para luchar contra la violencia y promover los derechos fundamentales de las personas que ejercen trabajo sexual”. Esta duró seis meses. “Lo único que se pudo hacer fue un plan de trabajo”, dice Villón. Las activistas esperan la reactivación del grupo de trabajo y desde septiembre pasado han hecho dos plantones frente al ministerio.
Marcha contra los crímenes de odio
Hoy, las mujeres migrantes y las mujeres trans comparten el espacio en el Jirón Zepita. “Hemos aprendido a convivir y trabajar con las extranjeras”, dice Sheyla Palma.
Hoy, 13 de febrero, se conmemora un año de los asesinatos de Ruby Torres y Priscila Aguado, y volverán a la calles. Desde las 2 de la tarde habrá una marcha “Contra los crímenes de odio: por las mujeres diversas trabajadoras sexuales”, que partirá del cruce de los jirones Zepita y Chancay. El recorrido incluirá paradas en la Dirincri y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Si bien el cobro de cupos y la violencia ha disminuido en los últimos meses, persiste el temor a que las mafias se recompongan. Hay miles de trabajadoras sexuales en toda la capital. El negocio de extorsión y de explotación sexual genera millones de soles. “Siempre han habido mafias que buscan vivir de nosotras”, dice Sheyla Palma, quien luego de los asesinatos de sus dos amigas se convirtió en activista. Hoy preside la asociación de mujeres trans trabajadoras sexuales, Ruby Fuerza Trans.