Desde el pasado 12 de marzo, día en que Lima fue elegida sede de los Juegos Panamericanos 2027, el nombre de Renzo Manyari Velazco saltó a la palestra. En las últimas semanas Manyari ha posado al lado de autoridades como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el premier Gustavo Adrianzén y la presidenta Dina Boluarte.
Con 33 años, Manyari preside el Comité Olímpico Peruano (COP) y es uno de los dirigentes deportivos más jóvenes del mundo. El mandato de Manyari en la COP, institución privada que maneja fondos públicos, comenzó en el 2021 y terminará en el 2025.
El pasado 17 de enero, Alberto Munar Mainetto, presidente de la Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú (ADAPERU), presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Manyari. Lo acusa de liderar una organización criminal. “Esta denuncia es dirigida hacia el señor Manyari, quien lideraría una organización criminal que hasta el momento cuenta con 27 personas que controlan diversas instituciones deportivas”, señala Munar.
Entre los implicados, según Munar, se encuentran miembros del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Comité Olímpico Peruano (COP), el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD), el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y presidentes de distintas federaciones deportivas.
La denuncia de Alberto Munar ingresó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Además de organización criminal, los otros delitos que comprende la demanda son: lavado de activos, falsedad ideológica, falsedad genérica, tráfico de influencias, y peculado.
El Ministerio Público encontró razones para tomar la denuncia de Munar y abrir investigación preliminar contra Manyari. El último 16 de abril, el fiscal Jorge Antonio Sánchez de la Cruz tomó declaraciones a Munar. “Me avisaron que iba a tener que volver en múltiples oportunidades para seguir explicándoles cómo es que se mueve esta mafia dentro del sistema deportivo nacional. Esta es solo la punta del iceberg, lo más importante es que las investigaciones en contra de la banda liderada por Manyari han empezado”, sostiene Munar.
El ingreso de Renzo Manyari al mundo deportivo comenzó en el 2012, el mismo año en que el IPD le entregó a la COP, presidido entonces por José Carlos Quiñones, S/ 112 millones para la realización de los Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 y los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013. Del dinero que entregó el IPD al COP, hasta la fecha no se sabe el paradero de S/ 15 millones. Por ese desfalco, el 10 de diciembre del 2016, Quiñones fue inhabilitado por 5 años por el Consejo de Justicia Deportiva. El abogado que defendió a Quiñones en todo el proceso fue Renzo Manyari.
A la par que defendía a Quiñones, Manyari se hizo de la presidencia de la Federación de Levantamiento de Pesas. Lo consiguió en representación del Club Ornits de Santa Anita, que no es de pesas, sino de ciclismo, y fue reconocida luego de que Manyari se hiciera con la presidencia de la Federación de Pesas.
¿Quién avaló todo esto? José Carlos Quiñones, el amigo y defendido de Manyari, quien entonces era presidente de la COP y de la Federación de Levantamiento de Pesas.
En 2019, con Manyari a la cabeza, la Federación de Pesas recibió del Estado una subvención de S/ 8.5 millones para la realización de un Grand Prix. De ese dinero, Manyari transfirió S/ 4 millones a la Federación Mundial por derechos de uso de marca. El monto es una exageración porque, un año antes se celebró el Campeonato Mundial de Pesas, un evento de mayor envergadura que un “Grand Prix”, por lo cual Turkmenistán, país anfitrión, pagó por derechos de marca solo S/ 300 mil.
Cuando se realizó la transferencia, Quiñones, el mentor de Manyari, era vicepresidente de la Federación Mundial de Pesas y el húngaro Tamás Aján, era presidente. Aján hoy está suspendido de por vida en el mundo deportivo al ser encontrado responsable de irregularidades como desvío de fondos, encubrimiento de dopaje y compra de votos.
Otra polémica ligada a Manyari es el caso de Gonzalo Castillo Guzmán, presidente de la Federación de Bádminton y prosecretario del COP, quien ha sido acusado por abuso de autoridad al alterar los reglamentos de su federación con el fin de aferrarse al cargo. En el 2022 Castillo fue destituido, pero el Consejo de Justicia Deportivo, cuyos miembros son allegados a Manyari, anuló la decisión tres días después, argumentando falta de tiempo para deliberar.
Actualmente el caso de Castillo se encuentra en la segunda sala del Consejo de Justicia Deportiva y su defensa la están llevando Renzo Manyari y la abogada Vanessa Alcántara. Ambos son cercanos a los encargados de resolver el caso: Keevin Kong, es un vocal designado por Manyari en su calidad de presidente del COP, y Luis Carlos Delgado, presidente de la sala, es pareja sentimental de Alcántara.
EL FOCO buscó comentarios de Renzo Manyari para este informe, pero hasta el cierre de esta nota el titular de la COP, y hombre clave en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027, no respondió.