En 2012, «Roberto» fue diagnosticado con cáncer a la piel, y fue sometido a una cirugía que resultó exitosa. Para no volver a correr riesgos, contrató un seguro oncológico con Oncosalud. Por eso cuando le dijeron que el cáncer había vuelto en 2019, creyó que estaba a salvo. No fue así.
«Roberto» solicitó que se activara su cobertura, pero lo que hizo Oncosalud fue darle de baja a su seguro. Argumentaron que, al no declarar que se había tratado un cáncer con anterioridad, había ocultado información. El 8 de agosto de 2019, «Roberto» llevó su caso ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que le dio la razón en 2022 y le impuso a Oncosalud una multa por 59 UIT, equivalente a S/ 315 650 actualmente.
El caso de «Roberto» es uno por los que Oncosalud, el programa de seguros contra el cáncer del Grupo Auna, acumula 167.5 UIT en sanciones impuestas por Susalud, y que equivalen a S/ 896 125. Se trata de 13 sanciones impuestas entre el 2018 y el 2025, y que tratan por cobros indebidos, cambios no notificados a las tarifas de sus planes y no prestar la cobertura que ofrecía.
Las críticas alrededor de Oncosalud volvieron a encenderse en la última semana luego de que en una publicación en Instagram de la usuaria Talía Denegri denunciara que se le negó a su padre un tratamiento contra el cáncer de pulmón pese a ser afiliado. «Tiene el plan más alto de Oncosalud: ONCOPLUS. Cubre inmunoterapia al 100% (…) Pero cuando presentamos el tratamiento nos dijeron que no», escribió Denegri.
EL FOCO revisó los casos por los que se han denunciado a lo largo de los años a Oncosalud ante Susalud. En una resolución, de abril de 2022, Oncosalud fue sancionada con una multa de 13 UIT, equivalente a S/ 69 550. Se trata del caso de una paciente con cáncer de mama que se sometió a un tratamiento de radioterapia en 2015. Según la resolución, Oncosalud no habría informado previo al consentimiento del tratamiento que la radioterapia podría desarrollar una enfermedad al cerebro como efecto secundario.
«(Oncosalud) habría vulnerado el deber de idoneidad al no informar a la usuaria y su representante la posibilidad de ocurrencia de Leucoencefalopatía como efecto crónico de la Radioterapia Holocraneal», se lee en la resolución. La paciente falleció en mayo de 2018.
Otra usuaria denunció en 2019 que Oncosalud había hecho cobros indebidos por tres meses al haber cambiado el costo de la póliza a la que estaba suscrita sin previo aviso. La multa aplicada fue de 10 UIT, pero Oncosalud llevó el caso al Poder Judicial.
De la lista de 13 resoluciones sancionadoras, 5 fueron impugnadas ante el Poder Judicial en procesos contenciosos administrativos. Las multas que se han judicializado equivalen a S/ 508 250. De los casi S/ 900 mil que debe pagar Oncosalud por 13 resoluciones, solo ha cumplido en cancelar S/ 37 450, según el registro de Susalud.
Oncosalud también ha sido sancionada por el Indecopi en casos de infracciones por uso de métodos comerciales «agresivos», «engañosos» y «coercitivos». Uno de ellos se dio en 2019 en el que 41 personas denunciaron haber sido contactadas sin previo consentimiento por la empresa para ofrecer sus servicios.
Oncosalud también es la administradora de seguros con más reclamos hechos por usuarios. Según cifras de Susalud, registra 10 094 quejas solo en 2024. Estos números la colocan por encima de instituciones públicas como Essalud, con 5103, y el Seguro Integral de Salud (SIS), con 3259.
Los planes de cobertura oncológica de Oncosalud van desde el más barato (Oncoflex) con pagos de S/ 18.70 por mes. La administradora de seguros cuenta con más de 1 millón de afiliados, y declaró haber recibido S/ 931.8 millones en aportes para sus planes de seguro oncológico al cierre de 2024. Esto es más de S/ 100 millones adicionales a lo que declaró en el 2023.
EL FOCO intentó comunicarse con Oncosalud a través de correo electrónico para obtener sus descargos, sin embargo no obtuvimos respuesta. Oncosalud S.A.C. es propiedad de Auna S.A.A, dueña de la Clínica Delgado y otros seis establecimientos de salud en el Perú. Oncosalud fue fundada en 1989 por dos ex ministros de Salud del gobierno aprista, Luis Pinillos Ashton y Carlos Vallejos Sologuren.