Ruth Bárcenas mueve las ramas secas y hace espacio en el lugar donde le dispararon a su pareja. Se arrodilla abrazando la foto de Leonardo Hancco y sin dejar de llorar acomoda las flores. Al ponerse de pie, la sobrepasa la angustia y se desvanece. El sol pega muy fuerte. Se recupera y se sienta sobre una piedra a pocos metros. Una amiga la abraza mientras el grupo se aleja en dirección al punto donde asesinaron a Clemer Rojas García.

En cada estación de la romería, los familiares desahogan el dolor revivido. En una pared de ladrillos, sobre la pequeña lápida que homenajea a Josué Sañudo Quispe, se puede ver un orificio de bala. El informe de su necropsia señala la entrada, cerca del cuello, de una bala de 5.6 mm. Sañudo tenía 31 años, vendía golosinas y trabajaba como obrero eventualmente.

“En el ejército siempre me decían: ‘tiros al aire cuando estés amenazado’. Hay protocolos, no es así nomás”, dice Johny Lupaca, uno de los mejores amigos de Clemer Rojas, a quien conoció en el servicio militar. “No tenían derecho de disparar a gente inocente. Hay videos de cómo han disparado, en qué circunstancias”.

Estallido social y masacre

Clemer Rojas García era estudiante de mecánica en SENATI y ayudaba a su papá lavando autos. Sirvió en el Ejército por dos años y medio. Tenía 22 cuando, el 15 de diciembre del 2022, recibió un disparo en el tórax mientras protestaba contra el gobierno de Dina Boluarte en la zona de Conchopata, cerca al aeropuerto de Huamanga.

Las protestas en el sur fueron casi inmediatas a la caída de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) convocó a las primeras movilizaciones en la ciudad. En sus redes sociales están los videos de las marchas entre los días 7 y 14 de diciembre. “No pasaban de más de 500 o 600 manifestantes. Su estructura organizativa era muy débil”, dice José Coronel, antropólogo y excoordinador de la Comisión de la Verdad en Ayacucho (CVR).

El día 15, sin embargo, entre 4000 y 5000 personas llegaron al centro de la ciudad, según la información policial consignada en el informe de la CIDH sobre las protestas. Para Coronel, la protesta masiva fue una “explosión de masas” que sobrepasó cualquier convocatoria, motivada por tres factores: el descontento por la remoción de Castillo, la indignación por los asesinatos en Andahuaylas ocurridos el 11 y 12 y, sobre todo, el rechazo al estado de emergencia.

El día 14 de diciembre, el gobierno decretó el estado de emergencia en todo el territorio y ordenó el apoyo del Ejército para el control de las protestas en Ayacucho. “La medida significó el recuerdo de la etapa de la impunidad de los ochentas y noventas, de la negación de todo tipo de autoridad civil”, dice Coronel.

Los hechos ocurridos el 15 están descritos en múltiples investigaciones periodísticas y en los informes de la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Existe abundante material audiovisual que registra lo ocurrido.

La protesta, empezó de forma pacífica por la mañana, en el centro de la ciudad. Hacia el mediodía, los enfrentamientos se dieron cerca al aeropuerto. Los militares dispararon y persiguieron a los manifestantes por varias zonas de la ciudad. Durante alrededor de siete horas los disparos no dejaron de sonar. En respuesta, los manifestantes incendiaron varias oficinas públicas.

Fueron 72 heridos y 10 muertos lo que dejó el 15 de diciembre del 2022. Todas las muertes por arma de fuego, con balas de alto calibre. Seis de los 10 fallecidos no habían participado de las protestas, según detalla el informe de la CIDH.

Doble duelo

En las semanas posteriores, los deudos de las personas asesinadas en Ayacucho formaron la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre (ANFAH). “Las asociaciones se han convertido en redes de soporte», dice Joanna Terán, psicóloga comunitaria de Puno, quien acompaña a las familias de los asesinados en Juliaca. En Andahuaylas, donde también hubo masacre, también existe una asociación de familiares de víctimas de las protestas.

“Nos hemos hecho como una familia. Andamos juntos y pedimos justicia”, dice Vilma Sacsara, madre de Luis Miguel Urbano Sacsara. Su hijo recibió un disparo en el tórax mientras iba a jugar fulbito con sus amigos, cerca del cementerio. Al igual que Clemer Rojas, tenía 22 años y sirvió en el Ejército.

Para Terán, las asociaciones ayudan a potenciar procesos de sanación y llevar colectivamente un duelo que en estos casos es doble. “El duelo por la pérdida de una familiar y el duelo por la indiferencia o violencia de la sociedad ante lo que les ha ocurrido», dice.

En Ayacucho, al igual que en Lima, algunos sectores de la sociedad han calificado de violentistas o delincuentes a quienes salieron a protestar, casi justificando los muertos y heridos. Ese estigma afecta a las familias. “Una madre sabe de dónde viene su hijo, cómo lo ha educado y no es justo. Lo llaman pandillero, delincuente”, dice Sacsara.

En enero de 2023, la DIRCOTE detuvo a siete miembros del FREDEPA. Su entonces presidenta, Rocío Leandro, tenía una sentenciada por pertenecer a Sendero Luminoso a inicios de los noventa. Cuatro de los detenidos permanecen en prisión preventiva acusados de terrorismo. La policía siempre buscó demostrar que detrás de las protestas en Ayacucho estaba Sendero Luminoso.

Para Coronel, se trata de una manipulación: “Fuerzan la figura de la existencia de ex cuadros senderistas sueltos (en el FREDEPA). Pero no tienen estructura orgánica, tampoco dirigieron la movilización como tal”.

Cambio de luto

La ANFAH organizó un programa de cuatro días para conmemorar los hechos del 15 de diciembre. Ruth Bárcenas preside la asociación. Leonardo Hancco Chacca, su pareja, recibió un disparo en el tórax, mientras protestaba cerca al aeropuerto.

Cada familia, además, organizó su cambio de luto, una ceremonia donde velan a una representación simbólica del fallecido con amigos y familiares para luego dejar de usar la ropa negra.

En la noche del 14 de diciembre, en la casa de la familia Rojas García sirvieron sopa de pollo con fideos y la repartieron a los invitados. Más tarde distribuyeron vasitos y botellas de medio litro con cañazo suave, seguido de mate y galletas.

Al fondo del amplio salón, donde en el día lavan autos, había una mesa de plástico con la ropa de Clemer Rojas García extendida y, al pie y a la cabecera, sus fotos. Zapatillas con pasadores celestes, jeans, polera gris y gorra de los Boston Celtics. Sobre la ropa, platos con arroz con pollo, ceviche, caldo de gallina, cuy frito y chicharrón. “Sus platos favoritos que siempre pedía,” dice Reider Rojas, padre de Clemer.

Los familiares más jóvenes pasaron frazadas a los ancianos y acomodaron un par de colchones en una esquina. Estuvieron hasta las 4 am. A esa hora, Reider y su esposa Nilda recogieron las ofrendas, doblaron y guardaron la ropa de Clemer. “Durante un año hemos dado una sombra con ropa negra. Ahora ya nos cambiamos con ropa de colores y el deja de estar en la sombra”, dice Rojas.

A las pocas horas, Reider Rojas y Nilda García seguían vistiendo de negro en la misa ofrecida en la Catedral de Ayacucho, por los fallecidos el 15 diciembre del 2022. Fue uno de los actos centrales. Saliendo de la misa, los familiares caminaron en dirección al aeropuerto, para iniciar la visita a los puntos donde sus parientes fueron asesinados.

Algunas personas grababan con su celular, otras los aplaudían. El resto de la ciudad continuaba su rutina. Las arengas de protesta provenían de los alrededores de veinte personas del FREDEPA que acompañaban la marcha. También caminaban algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil. El grupo total no llegaba a cien personas.

Búsqueda de justicia

Algunos deudos visitaron a sus familiares en el Cementerio General. La familia Sañudo llegó hacia el mediodía. Bajo la lápida de Josué Sañudo Quispe, su padre, Germán Sañudo, dio unas palabras y se preguntó por qué no avanzan las investigaciones. “No estamos de hace 30 o 40 años atrás, dónde no había cámaras, no había videos”, dijo. Sañudo es pastor cristiano. “Nunca voy a decir estamos en paz, porque no hay justicia».

En abril, la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, trasladó la carpeta fiscal de la investigación por las muertes del 15 de diciembre a Lima. La justificación fue que en la capital había un equipo más especializado. Desde 2002 Ayacucho tiene fiscalías especializadas en violaciones de derechos humanos en actividad. Ahora, cada vez que los familiares o sus abogados quieren revisar la investigación, tienen que viajar a Lima o pagar cincuenta céntimos por página digitalizada. El expediente consta de miles de páginas.

Existen evidencias concretas sobre los asesinatos. A pesar de eso, las familias son conscientes de que la búsqueda de justicia tendrá un camino largo y difícil. “En casa dicen que en Ayacucho, la justicia tarda generaciones en llegar», dice Jorge Bautista, cuñado de Josué Sañudo.

En la noche del 15, hubo dos actos de vigilia. A un lado de la plaza, el FREDEPA organizó un acto cultural con varios colectivos de la ciudad. Al lado opuesto, frente a la catedral, representantes de las asociaciones de familiares de Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, extendieron una alfombra con mantos que recordaban a sus deudos. Luego de la presentación de los sikuris, agradecieron a los asistentes y presentaron una canción compuesta por un grupo de familiares como parte de un proyecto de acompañamiento. Una estrofa de la canción iniciaba diciendo: “Me quitaron la felicidad, despertaron mi valentía”.