La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha emitido una resolución para que se investigue una denuncia que recibió contra Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, presidente de la Junta de Fiscales del Callao. El documento es del último 5 de mayo y se debe a un paquete de denuncias que llegaron al despacho de Espinoza alertando de actos de corrupción que Lozada habría cometido junto con otros miembros del Ministerio Público.
Tres son las denuncias anónimas que recibió la Fiscalía de la Nación vía correo electrónico y en ellas se cuenta que Lozada promovía el ascenso de fiscales mujeres allegadas a él, da permisos a fiscales para ir eventos ajenos al trabajo judicial y usa vehículos del Ministerio Público para asuntos personales. Espinoza ha pedido que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se encargue de investigar a Lozada.
El puesto de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao que ostenta Roberto Lozada es un cargo de mucha relevancia en el Ministerio Público. Lozada es quien dirige las riendas administrativas y presupuestales del sistema fiscal del primer puerto. Lozado también es quien propone a la fiscal de la Nación el ascenso o traslado de fiscales.
Según las denuncias, una de las fiscales favorecidas irregularmente por Lozada es la abogada Andrea Vargas Villanueva, ascendida primero a fiscal provincial provisional penal del Callao y, desde el 2023, destacada a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima Centro. El documento dice que el ascenso de Vargas se debió a un intercambio de favores entre Lozada y el fiscal superior Jorge Chávez Cortina.
Chávez Cotrina ayudó a Vargas cuando fue designado por un breve periodo coordinador de las fiscalías de derechos humanos y debido a que Lozada, en el 2017, impulsó que la abogada Jennifer Canchari Ramos, pareja de Chávez Cotrina, ascendiera a fiscal provincial provisional. En la denuncia se mencionan los casos de otras cinco fiscales mujeres que habrían sido ascendidas gracias a su cercanía a Lozada y en un intercambio de favores con otros fiscales superiores.
Roberto Lozada es presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao desde enero último, cuando fue elegido por sus colegas del primer puerto. Es su tercer mandado al frente al sistema fiscal del Callao. Ocupó el mismo puesto en los periodos 2021-2022 y 2017-2018.
Dentro del paquete de documentos que recibió la fiscal de la Nación, está adjuntada la sentencia dictada en mayo del 2023 contra el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Silverio Nolasco Ñope, condenado a 6 años por tráfico de influencia. En la sentencia hay una testigo que señala que Nolasco negoció un intercambio de favores con Roberto Lozada.
También se ajunta una serie de resoluciones emitidas por Lozada para que fiscales vayan en comisiones en servicios alejadas a las funciones del Ministerio Público. Una de ellas es de 7 de abril último, donde Lozada envió a fiscales para que asistan a “una visita guiada” a los almacenes y circuito cerrado de la empresa Talma.
En la denuncia también se señala que todo el expediente de Lozada ha sido entregado a Eliana Iberico Hidalgo, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la sede fiscal del Callao, pero la magistrada no ha hecho nada. Iberico tiene un pasado poco santo: fue la fiscal que, en mayo del 2018, avisó a los «Cuellos Blancos» de que estaban siendo investigados.
EL FOCO se comunicó con Lozada y Chávez Cotrina para este informe. Ambos confirmaron su amistad de más de 30 años, pero negaron las imputaciones. Chávez Cotrina señaló que Jennifer Canchari sí es su pareja, pero que la denuncia es un refrito. Lozada afirmó que la demanda fue realizada por una persona «iletrada» y considera que, desde el Ministerio Público, se está intentando sembrar una noticia para desprestigiarlo. «Cuando descubra quién fue el que ha intentado difamarme, lo primero que haré será llevarlo al juzgado, porque nada de lo que dicen es cierto», dijo Lozada.